Tras dos días de trabajo de todas las instituciones participantes en la mesa de concertación, se han identificado una serie de factores que caracterizan la formación profesional saharaui.
Cabe destacar que, si bien estas jornadas han estado centradas en el sector de la formación profesional, muchos de los problemas o desafíos identificados son comunes a todo el sector educativo de la RASD, por lo que las conclusiones que se deriven, así como las posibles alternativas y estrategias de trabajo para su superación, serán extrapolables a otros ámbitos.
En primer lugar, y que no solo se limita al sector educativo sino a la generalidad de la ayuda que llega a los campamentos, nos encontramos ante una dispersión de los distintos proyectos que se han llevado a cabo, careciendo el conjunto de éstos de una vertebración y una estructura lógica.
La profusión de proyectos aislados y heterogéneos, llevados a cabo por los más diversos actores, ha provocado que el impacto de éstos no haya sido proporcional a la cantidad de recursos invertidos en los mismos.
Las razones de este fenómeno provienen tanto de una vertiente interna como de otra externa. Por un lado, desde las autoridades saharauis no se han establecido unas líneas claras de intervención, produciéndose una descentralización en la toma de decisiones de “facto” que no ha sido planificada ni buscada por los responsables de las instituciones locales.
A este hecho ha contribuido, como factor externo, los numerosos organismos (ONG’s, asociaciones, donantes...) que han comenzado sus actividades sin coordinar estas acciones con las autoridades saharauis. En muchos casos, la interlocución se ha producido directamente con los directores de los centros educativos o con los gobernadores o jefes de Daira.
Estos dos factores han generado una dinámica de intervención no estructurada, heterogénea y donde la ausencia de objetivos y metodologías comunes ha sido su característica más visible.
El primer factor mencionado, la ausencia de unas líneas estratégicas y políticas claras, viene determinado por la necesidad de que el Ministerio de Educación de la RASD fortalezca sus estructuras internas y la articulación de éstas con la red de centros y autoridades locales que participan, de algún modo, en el sistema educativo.
Unos de los principales objetivos de la Mesa de Concertación, y del Convenio en sí, es precisamente éste: dotar al Ministerio de Educación de las herramientas y capacidades humanas y materiales necesarias para desempeñar este rol de la manera más eficiente posible, delineando las prioridades educativas nacionales, adaptándolas a los cambios políticos y sociales y guiando la acción de los numerosos actores que participan en el sector.
Con este objetivo, además, se estaría agregando un valor añadido a toda la intervención, ya que la generación de capacidades humanas de gestión, coordinación, formación, etc., son universalizables y aplicables en cualquier situación y en cualquier lugar.
Otro de los grandes problemas que están lastrando la formación profesional, y todo el sistema educativo, es la profunda desmotivación del alumnado y del profesorado.
El primer motivo generador de este hecho es el propio contexto donde nos encontramos. El exilio, las condiciones de vida, las condiciones climatológicas, el conflicto político, etc., son un elemento que propicia este sentimiento de desgana y apatía.
Debido a la complejidad de este factor, merece la pena analizarlo por separado para detectar las posibles alternativas concretas y diferenciadas, ya que las problemáticas asociadas son variadas y múltiples y no pueden ser abordadas desde planteamientos estandarizados.
La situación del profesorado es compleja y necesita ser tratada con detenimiento. En muchas ocasiones estos profesionales han realizado sus estudios universitarios en otros países (principalmente Cuba, Argelia y Libia), por lo que han sufrido un proceso de re-adaptación más o menos acentuado, con todas las consecuencias psicológicas y sociales que eso supone.
Por otro lado, las limitaciones materiales que el propio contexto padece provocan una frustración evidente, al no poder aplicar todos sus conocimientos y habilidades adquiridas durante su periodo de formación.
Para superar esta situación, se han planteado, por parte de las autoridades saharauis y de los organismos que trabajan en los campamentos, la necesidad de incentivar a este cuerpo profesional, proporcionando las condiciones óptimas para el desarrollo de su trabajo diario y la mejora del sistema educativo en general.
Las distintas opciones de incentivación giran en torno a dos líneas complementarias: la económica y la pedagógica o de “reciclaje”.
Debido a la escasez de recursos, inherente a las características en la que se desarrolla la estructura estatal saharaui, no existen salarios como tal. Este aporte económico está limitado a las posibilidades coyunturales, por lo que tiene un carácter irregular en el tiempo y en la cantidad. Este hecho es uno de los principales factores que están determinado la alta inestabilidad, absentismo y rotación de la plantilla debido a la emigración en busca de mejores oportunidades en el extranjero o el abandono de la función pública para trabajar en la iniciativa privada (economía informal, pequeños negocios, etc.)
Se debe tener en cuenta que, históricamente, el trabajo en los campamentos tenía un carácter voluntario y de compromiso, algo que, con el paso del tiempo, la cronificación del conflicto, etc., ha ido dando paso a unas relaciones laborales más economicistas donde la prestación de un servicio debe ir acompañada de una contraprestación monetaria.
Este cambio social ha ido madurando durante muchos años hasta llegar a la situación actual, donde encontrar profesores y profesoras cualificados/as es un problema.
Si bien este análisis es común a la inmensa mayoría de los organismos que trabajan en los campamentos, así como a las propias autoridades saharauis, su implementación requiere la puesta en común y la consideración de otros factores, a fin de no generar más desestabilidad y no profundizar diferencias entre la propia población refugiada.
Esta reflexión iría íntimamente ligada al fortalecimiento del Ministerio de Educación y, de una manera más global, de todo el entramado de instituciones públicas saharauis, que debieran ser las encargadas de unificar categorías profesionales, salarios, condiciones de trabajo, etc.
Por el lado del alumnado, la desmotivación está provocando un alto absentismo y fracaso escolar, con un índice elevado de estudiantes que no terminan sus ciclos formativos, ya sea por abandono o por bajas calificaciones.
Esta desmotivación se ve acentuada por dos razones que, sin obviar otras muchas, pueden considerarse fundamentales: el régimen de enseñanza y la ausencia de salidas laborales.
El régimen de internado, frecuente en este tipo de centros, genera ciertas dificultades para el acceso a los mismos a alumnado y profesorado, debido a la lejania de las wylayas y a los problemas de transporte generalizados en todos los campamentos.
Otro factor más determinante aún si cabe, es la ausencia de salidas laborales una vez que los y las estudiantes finalizan su ciclo formativo. Esta falta de nichos de trabajo donde desarrollar sus habilidades aprendidas durante dos años genera desesperanza y apatía, además de hacer necesaria un reciclaje continuo que en la práctica no se da.
En la actualidad existe una iniciativa emprendida por HEGOA que pretende establecer talleres en la wilaya de Smara donde los titulados de las diferentes disciplinas puedan trabajar y prestar un servicio a la población.
A su vez, y enmarcado en el Convenio, se va a realizar un estudio de mercado laboral que proporcionará los insumos oportunos para poder evaluar qué profesiones disponen de mayores posibilidades de desarrollo laboral, sirviendo como fuente de información para posteriores adaptaciones de los planes de estudio a la realidad social.
Para finalizar, desde PTM se ha comprometido la elaboración de un blog donde plasmar estas conclusiones y la síntesis de toda la información obtenida durante los dos días de trabajo, así como una ficha para las instituciones participantes, y otras que pudieran incorporarse en un futuro.
Esta ficha debería convertirse en una base de datos donde encontrar las características de las distintas acciones que desarrollan, las buenas prácticas que puedan servir de base para otras intervenciones y para mejorar el nivel general de las mismas, y las experiencias menos positivas que eviten la repetición de errores.
Cabe destacar que, si bien estas jornadas han estado centradas en el sector de la formación profesional, muchos de los problemas o desafíos identificados son comunes a todo el sector educativo de la RASD, por lo que las conclusiones que se deriven, así como las posibles alternativas y estrategias de trabajo para su superación, serán extrapolables a otros ámbitos.
En primer lugar, y que no solo se limita al sector educativo sino a la generalidad de la ayuda que llega a los campamentos, nos encontramos ante una dispersión de los distintos proyectos que se han llevado a cabo, careciendo el conjunto de éstos de una vertebración y una estructura lógica.
La profusión de proyectos aislados y heterogéneos, llevados a cabo por los más diversos actores, ha provocado que el impacto de éstos no haya sido proporcional a la cantidad de recursos invertidos en los mismos.
Las razones de este fenómeno provienen tanto de una vertiente interna como de otra externa. Por un lado, desde las autoridades saharauis no se han establecido unas líneas claras de intervención, produciéndose una descentralización en la toma de decisiones de “facto” que no ha sido planificada ni buscada por los responsables de las instituciones locales.
A este hecho ha contribuido, como factor externo, los numerosos organismos (ONG’s, asociaciones, donantes...) que han comenzado sus actividades sin coordinar estas acciones con las autoridades saharauis. En muchos casos, la interlocución se ha producido directamente con los directores de los centros educativos o con los gobernadores o jefes de Daira.
Estos dos factores han generado una dinámica de intervención no estructurada, heterogénea y donde la ausencia de objetivos y metodologías comunes ha sido su característica más visible.
El primer factor mencionado, la ausencia de unas líneas estratégicas y políticas claras, viene determinado por la necesidad de que el Ministerio de Educación de la RASD fortalezca sus estructuras internas y la articulación de éstas con la red de centros y autoridades locales que participan, de algún modo, en el sistema educativo.
Unos de los principales objetivos de la Mesa de Concertación, y del Convenio en sí, es precisamente éste: dotar al Ministerio de Educación de las herramientas y capacidades humanas y materiales necesarias para desempeñar este rol de la manera más eficiente posible, delineando las prioridades educativas nacionales, adaptándolas a los cambios políticos y sociales y guiando la acción de los numerosos actores que participan en el sector.
Con este objetivo, además, se estaría agregando un valor añadido a toda la intervención, ya que la generación de capacidades humanas de gestión, coordinación, formación, etc., son universalizables y aplicables en cualquier situación y en cualquier lugar.
Otro de los grandes problemas que están lastrando la formación profesional, y todo el sistema educativo, es la profunda desmotivación del alumnado y del profesorado.
El primer motivo generador de este hecho es el propio contexto donde nos encontramos. El exilio, las condiciones de vida, las condiciones climatológicas, el conflicto político, etc., son un elemento que propicia este sentimiento de desgana y apatía.
Debido a la complejidad de este factor, merece la pena analizarlo por separado para detectar las posibles alternativas concretas y diferenciadas, ya que las problemáticas asociadas son variadas y múltiples y no pueden ser abordadas desde planteamientos estandarizados.
La situación del profesorado es compleja y necesita ser tratada con detenimiento. En muchas ocasiones estos profesionales han realizado sus estudios universitarios en otros países (principalmente Cuba, Argelia y Libia), por lo que han sufrido un proceso de re-adaptación más o menos acentuado, con todas las consecuencias psicológicas y sociales que eso supone.
Por otro lado, las limitaciones materiales que el propio contexto padece provocan una frustración evidente, al no poder aplicar todos sus conocimientos y habilidades adquiridas durante su periodo de formación.
Para superar esta situación, se han planteado, por parte de las autoridades saharauis y de los organismos que trabajan en los campamentos, la necesidad de incentivar a este cuerpo profesional, proporcionando las condiciones óptimas para el desarrollo de su trabajo diario y la mejora del sistema educativo en general.
Las distintas opciones de incentivación giran en torno a dos líneas complementarias: la económica y la pedagógica o de “reciclaje”.
Debido a la escasez de recursos, inherente a las características en la que se desarrolla la estructura estatal saharaui, no existen salarios como tal. Este aporte económico está limitado a las posibilidades coyunturales, por lo que tiene un carácter irregular en el tiempo y en la cantidad. Este hecho es uno de los principales factores que están determinado la alta inestabilidad, absentismo y rotación de la plantilla debido a la emigración en busca de mejores oportunidades en el extranjero o el abandono de la función pública para trabajar en la iniciativa privada (economía informal, pequeños negocios, etc.)
Se debe tener en cuenta que, históricamente, el trabajo en los campamentos tenía un carácter voluntario y de compromiso, algo que, con el paso del tiempo, la cronificación del conflicto, etc., ha ido dando paso a unas relaciones laborales más economicistas donde la prestación de un servicio debe ir acompañada de una contraprestación monetaria.
Este cambio social ha ido madurando durante muchos años hasta llegar a la situación actual, donde encontrar profesores y profesoras cualificados/as es un problema.
Si bien este análisis es común a la inmensa mayoría de los organismos que trabajan en los campamentos, así como a las propias autoridades saharauis, su implementación requiere la puesta en común y la consideración de otros factores, a fin de no generar más desestabilidad y no profundizar diferencias entre la propia población refugiada.
Esta reflexión iría íntimamente ligada al fortalecimiento del Ministerio de Educación y, de una manera más global, de todo el entramado de instituciones públicas saharauis, que debieran ser las encargadas de unificar categorías profesionales, salarios, condiciones de trabajo, etc.
Por el lado del alumnado, la desmotivación está provocando un alto absentismo y fracaso escolar, con un índice elevado de estudiantes que no terminan sus ciclos formativos, ya sea por abandono o por bajas calificaciones.
Esta desmotivación se ve acentuada por dos razones que, sin obviar otras muchas, pueden considerarse fundamentales: el régimen de enseñanza y la ausencia de salidas laborales.
El régimen de internado, frecuente en este tipo de centros, genera ciertas dificultades para el acceso a los mismos a alumnado y profesorado, debido a la lejania de las wylayas y a los problemas de transporte generalizados en todos los campamentos.
Otro factor más determinante aún si cabe, es la ausencia de salidas laborales una vez que los y las estudiantes finalizan su ciclo formativo. Esta falta de nichos de trabajo donde desarrollar sus habilidades aprendidas durante dos años genera desesperanza y apatía, además de hacer necesaria un reciclaje continuo que en la práctica no se da.
En la actualidad existe una iniciativa emprendida por HEGOA que pretende establecer talleres en la wilaya de Smara donde los titulados de las diferentes disciplinas puedan trabajar y prestar un servicio a la población.
A su vez, y enmarcado en el Convenio, se va a realizar un estudio de mercado laboral que proporcionará los insumos oportunos para poder evaluar qué profesiones disponen de mayores posibilidades de desarrollo laboral, sirviendo como fuente de información para posteriores adaptaciones de los planes de estudio a la realidad social.
Para finalizar, desde PTM se ha comprometido la elaboración de un blog donde plasmar estas conclusiones y la síntesis de toda la información obtenida durante los dos días de trabajo, así como una ficha para las instituciones participantes, y otras que pudieran incorporarse en un futuro.
Esta ficha debería convertirse en una base de datos donde encontrar las características de las distintas acciones que desarrollan, las buenas prácticas que puedan servir de base para otras intervenciones y para mejorar el nivel general de las mismas, y las experiencias menos positivas que eviten la repetición de errores.
